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Una descentralización política, administrativa y fiscal real


La descentralización no puede ser una torre Jenga sin sustento.

La descentralización ha ocupado el centro de nuestras preocupaciones y ocupaciones, desde nuestro despertar como Fundación que se ha propuesto poner de pie y en marcha los ideales republicanos.

Pues entendemos la República siempre democrática y como un sistema de convivencia social cohesivo e inclusivo.

La principal amenaza a los ideales republicanos de libertad, igualdad y fraternidad en que se funda la nación entendida como proyecto colectivo y como casa común, son el ejercicio del Poder sin contrapesos , la discrecionalidad y la arbitrariedad.

La concentración del Poder Político, el centralismo administrativo y fiscal y a su vez la desigual asignación de bienes públicos y la arbitraria desigualdad territorial, atentan contra los ideales republicanos y tienden a generar ineficiencias así como a frenar la idea de un desarrollo, integral, inclusivo y sostenible.

Es en virtud de estos principios y anhelos que soñamos con un Chile descentralizado, sin embargo, tenemos la convicción que ese desafío requiere no solo una mirada reivindicatoria que desafíe la hegemonía centralista institucionalizada, por tantos años, sino requiere técnica, gradualidad y pasar de una legítima aspiración emocional anidada en los territorios a procesar racionalmente un proceso que permita no solo lograr mayor autonomía política, administrativa y fiscal en las regiones, si no también ejecutar con mayor pertinencia, eficiencia y eficacia esa autonomía para lograr regiones competitivas, capaces de retener talento, colaborativas, que promuevan la reducción de la pobreza, la pobreza multidimencional, un desarrollo integral, inclusivo y con plena observancia de los paradigmas que impone el combate a la emergencia climática y un futuro sostenible.

Para ello se requiere:

  1. Hacer la discusión respecto de la modificación del artículo tercero de la Constitución, para pasar de un Estado Unitario con único centro de Poder a un Estado descentralizado, que no solo traspase competencias, sino también Poder Político.

  2. Abordar la discusión de la regionalización o una división política administrativa, que tienda a generar equilibrios y contrapesos adecuados, así como integrar territorios que potencien su capacidad logística exportadora desde la extracción, la producción con cadenas de valor y ecosistemas que mejoren competitividad y hasta el puerto terrestre o marítimo.

  3. Abordar una agenda corta y una larga y gradual en materia de descentralización fiscal que propenda a aumentar hasta el promedio de los países de la OCDE el porcentaje del presupuesto del Estado definido descentralizadamente, pasando desde nuestro magro 14% a el 30% el año 2030 y del 7% del PIB al 15%, incluyendo medidas como la incorporación de una Ley de Rentas Regionales y un fondo común que tienda a generar desde el presupuesto percápita algunos rangos mínimos de equivalencia en la asignación.

  4. Una profunda modernización del sistema de inversión público tendientes a reducir discrecionalidad, que favorezca la observancia de los instrumentos de planificación y que tienda a asignar bienes públicos equivalentes y enfoque la inversión a asegurar ciertos mínimos en dignidad que deben estar por sobre criterios de rentabilidad social y que eviten la reproducción de desigualdades territoriales.

  5. Dar un carácter vinculante al traspaso de competencias.

  6. Resolver una gobernanza adecuada que delimite funciones y evite roces de competencia.

Para poder abordar la elección de Gobernador Regional, pero sin confundir las prioridades las urgencias, la elección por si sola sin un marco adecuado, puede generar sobre espectativas y no constituir en ningún caso un avance descentralizador por si misma.

No podemos permitir que una instituciones políticas que adolecen de legitimidad y representatividad administren la agenda electoral en función de intereses menores y solo para obtener ventajas y prebendas, cuando lo que se juega es el destino del País.


Augusto Parra Ahumada

Presidente Fundación República en Marcha

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