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Presupuesto 2021 y debate constitucional



La discusión de la Ley de presupuesto para el año 2021 y el contexto político, económico y social marcado por el debate constitucional, en que se da esta discusión, precisa un conjunto de reflexiones insoslayables.

El Proyecto de Ley contempla un monto de US$73.234 millones, lo que significa un incremento del gasto real de 9,5% respecto de este año, y un crecimiento de 14,9% de la inversión pública. Con esto, se alcanza un déficit efectivo de 4,3% y un déficit estructural estimado de 4,7%.

En virtud de las enormes demandas económicas y sociales, que tienden a aumentar la presión fiscal, resulta prioritario el concurso de la voluntad política para lograr una gestión eficiente de los recursos, como apoyar la reasignación de recursos de programas mal evaluados, recortar gasto superfluo y comenzar a medir en el marco de un proceso de modernización ineludible e imperativo del Estado, el impacto del gasto, para asegurar el cumplimiento de los objetivos, para pasar de la intuición a la precisión.

Resulta evidente, frente a la incertidumbre, la demanda por una presencia más significativa del Estado y por la vía constitucional tender a asegurar la provisión de servicios públicos y la materialización de algunos anhelados derechos sociales. Y más allá de las consideraciones y aprensiones respecto de cual sea el mecanismo menos riesgoso tiende a haber un amplio consenso en la necesidad de a lo menos introducir algunas reformas a la carta fundamental, para dotarla de una mejor capacidad de respuesta institucional a la necesidad de avanzar hacia una sociedad mas cohesiva e inclusiva capaz de responder a los nuevos paradigmas y amenazas.

Sin embargo, creo que estos necesarios ajustes no deben poner bajo amenaza los significativos aportes de la modernización capitalista, en reducción de la pobreza, calidad de vida y desarrollo humano alcanzados en las últimas décadas, por cuanto las demandas por el aumento de la presión fiscal, deben ir necesariamente acompañados de políticas graduales, coherentes con el crecimiento del PIB y en un marco de cuidado de las bases institucionales tales como la autonomía del banco central, responsabilidad fiscal y estabilidad política que nos han permitido atraer inversión sobre la base de ofrecer condiciones de riesgo reducidas. En esa dirección, creo necesario, elevar a rango constitucional las políticas de responsabilidad fiscal en sintonía con el pacto fiscal europeo, evitando el aumento descontrolado de la deuda pública y conteniendo los impulsos discrecionales de gobiernos de turno en esa dirección. Estableciendo, por ejemplo, el necesario acuerdo de 2/3 del parlamento para adquirir deuda por sobre el 0,5% del PIB y acotar estas posibilidades a un catálogo definido de condiciones calificadas.


Augusto Parra Ahumada.

Presidente Fundación República en Marcha.

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