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Corrupción generalizada: ¿momento urgente para un gran acuerdo político?



Luego del polémico caso de corrupción que se ha visto sumergido el Poder Judicial, a raíz del actuar de integrantes de la Corte de Apelaciones de Rancagua, nuevamente nos colocamos en la posición de espectadores ante tan grave situación. Sin duda los efectos que este germen genera en los países van más allá del cliché con que nos hemos encontrado en el último tiempo, puesto que existe una sensación de impunidad entre quienes estamos fuera de la esfera del poder, y ahí surge el cuestionamiento básico: ¿Cómo estamos reaccionando?.

Hace algunos años, cuando gobernaba Ricardo Lagos Escobar, la política vivió momentos tensos, se descubrieron una serie de irregularidades y casos de corrupción que dañaron directamente a la institucionalidad y la fe pública. Como lo señala el profesor Patricio Vargas, “En ese gobierno explotó el boom de la corrupción en Chile. Probablemente muchos de los casos de corrupción venían de antes, pero en este período se generalizó la corrupción en el país”. Es cosa de recordar los casos: Coimas, Gate, Inverlink, además de otras prácticas realizadas en la administración pública que no quedaron indiferentes. Ante eso, es que el gobierno y la oposición sellaron en enero de 2003 un “gran acuerdo político-legislativo” donde se daba paso a que distintos personeros de gobierno, oposición y centros de pensamiento trabajen en propuestas para destrabar esa crisis, lo cual se plasmó en 49 proyectos de ley que abordaban principalmente tres áreas: agenda de modernización del Estado, agenda de transparencia y una agenda de promoción del crecimiento.

En la actualidad, la administración del presidente Sebastián Piñera envío al Congreso Nacional en agosto de 2018, un proyecto de Ley que modifica la actual Ley 20.285 de Transparencia en la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, “cuya finalidad es poseer una legislación moderna, con altos estándares regulatorios, orientada a que nuestro país tenga una verdadera Ley de Transparencia 2.0”, señala el mensaje presidencial. Esto, a raíz de los 10 años de Funcionamiento de dicha ley, donde el ejecutivo expresa a través del mensaje que no es suficiente la generación de una cultura de transparencia, sino que se debe avanzar en posicionar a la transparencia como un elemento de acercamiento entre los órganos públicos y la ciudadanía. En ese sentido, el Ejecutivo justifica en su propuesta que esta reforma tiene por lo menos 10 puntos que favorecerían un sentido más amplio del principio de transparencia, por ejemplo extendiendo la obligación de transparentar información a órganos autónomos constitucionales como el Congreso Nacional, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Banco Central, Servicio Electoral, Tribunal Calificador de Elecciones y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la creación de la Comisión de Transparencia del Estado de Chile donde estarían representantes de los órganos antes mencionados y con un soporte político por parte del Ministro Secretario General de la Presidencia y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos como Secretario Ejecutivo, también considera la creación de Direcciones de Transparencia en cada uno de estos órganos, integradas por tres directores (uno designado por la Comisión antes mencionada y los otros dos por los presidentes o jefes superiores de los organismos que anteriormente se indican).

Sin duda no será fácil para el gobierno que otros órganos del Estado se quieran sumar a esta noble cruzada de implementar acciones concretas en materia de transparencia, donde al parecer para algunos el secretismo y la propiedad de la información pública aun sigue siendo un paradigma de esa vieja y tradicional forma de concebir la administración pública. Hoy los desafíos son otros, el Estado Abierto es un paradigma que llegó para quedarse, y en ese sentido, no solamente un proyecto de ley es necesario, sino la voluntad activa de la sociedad civil de exigir y comprometerse a que estos cambios se lleven a cabo. Desafíos que quizás nos lleven otros 10 años, pero mientras sigamos sintiendo esa sensación de impunidad y rabia puertas adentro, no será mucho lo que podremos lograr. Por otro lado, quienes están en la primera línea del poder, deben centrarse en temas tan importantes y complejos como este, que sin duda daña al corazón de las instituciones, dejar de lado esas discusiones bizantinas que solo generan un manto de farándula para la política y no se vele por temas de real importancia tanto para la institucionalidad como para la ciudadanía.

Es indispensable que nos enfoquemos en la definición de transparencia que el mismo Manual de Probidad y Transparencia de la Administración del Estado señala: “Se dice que algo es transparente cuando a través de él pueden verse los objetos claramente”, cabe preguntarse: ¿Estamos viendo claramente lo que pasa?.


Por: Eduardo Leiva Zumelzu / Administrador Público, Licenciado en Ciencias Políticas, estudiante de Magíster en Política y Gobierno en Universidad de Concepción.

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